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Alcance de revisión judicial de la Parte 1

ación, el objeto expuesto en el fondo como en efecto la garantía de la cláusula del debido proceso contenidas en la Quinta y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos según la interpretación del Tribunal Supremo. En el caso de Ram Singh v. Estado de Delhi AIR 1951 SC 270 p. 276 Bose, J. en un minuto de la disidencia, al comentar sobre la gramática del artículo 19 de la India que se ocupa de estos derechos calificados, observa:

"En todas las fases, son los derechos que son fundamentales, no el limitaciones;.

y es deber de esta Corte y de todos los tribunales de la tierra para proteger y defender estos derechos, celosamente Es nuestro deber y privilegio de ver que los derechos que estaban destinados a ser fundamentales se mantienen fundamental y para ver que ni Parlamento ni el Ejecutivo exceden los límites dentro de los cuales están confinados por la Constitución cuando se le da el poder de imponer un conjunto restringido de trabas a estas libertades, y en el caso del Ejecutivo, para ver, además, que no viaja más allá de las competencias que le atribuye por el Parlamento.

Estamos aquí para preservar intacta para el pueblo de la India las libertades que han aprendido a través de los años a apreciar, hasta el máximo permitido por la garantía, y para garantizar que no se cercenada o llevados a la nada, ya sea por legislación parlamentaria o por la acción ejecutiva.

"

INGLÉS SISTEMA

En el sistema de jurisprudencia Inglés no hay derechos y libertades garantizados por la palabra expresa de la Constitución aunque sólo sea porque la Constitución Inglés es una no escrita uno.

Pero esto no es un inconveniente de; es un principio cardinal de la ley de Inglés Constitución que el sujeto puede decir o hacer lo que quiera, puede desplazarse a cualquier lugar que le gusta y forma de asociación y actuar en concierto con sus semejantes, a condición de no transgredir la ley sustantiva o hacer actos que invaden los derechos legales de otros.

Del mismo modo, las autoridades encargadas de la obligación de mantener el orden público o la realización de cualquier deber del gobierno no puede hacer nada en perjuicio de estos derechos individuales a menos que puedan demostrar que estaban autorizados a hacer ese acto por algún estado de derecho común o por alguna disposición hecha por un estatuto (Ver Entick v. Carrington).

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